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sábado, 27 de diciembre de 2008

Jerarquía católica y Memoria Histórica. ¿Por quién doblan las campanas?.


José Antonio Martín Pallín ( Magistrado emérito del Tribunal Supremo)
Publicado en: (El Periódico, 22-12-2008)

Monseñor Cañizares, príncipe de la Iglesia y alto cargo Vaticano, nunca ha tenido dudas: Las campanas doblaron y seguirán doblando solo por los vencedores

La Iglesia jerárquica siempre tuvo la habilidad de ajustarse a los intereses dominantes. Ha demostrado, a lo largo de los siglos, una cierta alergia a la democracia y ha sabido convivir, sin mala conciencia, con las más siniestras dictaduras.

Desde sus orígenes se puso en pie de guerra contra la Segunda República. Cuando los militares golpistas se rebelaron contra el orden constitucional no dudaron en ponerse fervorosamente a su lado cubriéndolos con el manto de la Cruzada. Su alineamiento coincidió en el tiempo con unos movimientos obreros mayoritariamente agrarios e incipientemente industriales atraídos por doctrinas en boga que predicaban la revolución proletaria y abominaban de la democracia liberal a la que identificaban con las insoportables desigualdades que les tocaba vivir a diario. El levantamiento militar esta vez no era para restaurar una dinastía monárquica, su objetivo era instaurar un régimen totalitario a imagen y semejanza del nazismo y el fascismo.

Los militares golpistas diseñaron una política de exterminio cuyas directrices las plasmaron por escrito sin rubor en numerosos documentos. La caravana de la muerte que tan certera y trágicamente relata Francisco Espinosa en su libro del mismo titulo es el modelo que después se implantaría en toda España, prolongándose mucho mas allá de la victoria militar.


El ejército sublevado era recibido en los pueblos ocupados con redobles jubilosos de campanas volteadas por el cura de la localidad. Los moros mercenarios se sentirían desconcertados ante el entusiasmo de los que tras ocho siglos de reconquista los recluyeron en la zona de Marruecos donde siguieron sufriendo el dominio español. Los atrapados, con el temor marcado en el rostro, fueron entregados para su ejecución sin formación de causa. Se los llevaron a las tapias del cementerio. En la plaza del pueblo se escuchaban las descargas de los fusiles y el silencio de las campanas.


Algunos curas tocaron jubilosos las campanas al sentirse seguros de su suerte, otros también pudieron tañerlas porque su cercanía a los vecinos y la preocupación por sus problemas les había salvaguardado de reacciones airadas. Unos pocos conscientes de su posición privilegiada evitaron que muchos fuesen fusilados. Mientras la muerte y la desolación arrasaban nuestro país las campanas seguían sin doblar por todos los muertos. El día de la victoria todos los campanarios lanzaron sus espadañas al viento. Los vencedores añadieron la muerte cruel, selectiva e inmisericorde a los que habían sobrevivido. Los que no fueron ejecutados, después de parodias judiciales, les esperaba el campo de concentración o el exilio.
Las matanzas no cesaron pero las campanas seguían sin doblar. El general vencedor era recibido por la Iglesia con las campanas al vuelo, los brazos en alto y los palios serviles, pero las campanas seguían sin doblar por los vencidos. El ritual de la misa incluía plegarias por su salud y eterna vida. Los púlpitos resonaban en alabanzas al salvador de la verdadera y única España.


Más tarde de lo deseable llegó la Constitución. Los valores democráticos, por los que muchos de los vencidos habían luchado, comenzaron a implantarse no sin reticencias o cautelas. Las homilías del cardenal Tarancón no sirvieron para que la Iglesia, que se había volcado en favor de los vencedores, iniciase un periodo de reflexión. Perdido parte del poder terrenal decidieron utilizar el fantasma de la excomunión contra los políticos que sacaron adelante el divorcio o la recortada ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Inasequibles al desaliento se han alzado contra la educación para la ciudadanía oponiéndose a que los jóvenes conozcan la historia de la conquista de los derechos humanos y lo que significa su implantación para la convivencia pacífica y democrática.

El Cardenal Cañizares, desde hace tiempo, mantiene que no es necesario ningún milagro para beatificar a los que murieron, según su peculiar visión, por odio a la religión. Ignora el ilustre prelado que nunca la guerra civil fue una guerra de religiones. Ignora también, ignora tantas cosas, que los vencedores fusilaron a sacerdotes vascos. ¿Fue también por odio a la religión, monseñor?. Lo último y lo que queda por llegar lo sabemos o nos lo imaginamos. Monseñor Martínez Camino ha justificado la beatificación tardía no como una obligación incumplida. Curiosa obligación que tanto ha podido demorarse desaprovechando la oportunidad de que el fasto de los vencedores hubiera contribuido a la magnificencia oficial del la ceremonia.

No creo que el problema de la Iglesia oficial del presente sea el anticlericalismo o la "cristofobia". Tiene raíces mas profundas. Han perdido el contacto con la realidad y son incapaces de aceptar la pérdida de sus privilegios y la imposición coactiva de sus dogmas.

Pueden leer el prólogo de la novela de Ernest Hemingway ¿Por quién doblan las campanas?: "La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; y, por consiguiente nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti". Un esperanzador mensaje de quien puso fin a su vida sin importarle los anatemas.

viernes, 26 de diciembre de 2008

El bilaureado general


En la ciudad de San Fernando todavía queda la efigie ecuestre del general José Enrique Varela sin tener noticias sobre el momento en el que se va a proceder a su retirada

Fernando Santiago (El País, Diciembre-2008)

La retirada de la estatua de Franco en Santander y el anuncio de que se va a proceder de igual manera en Melilla va a permitir que las calles españolas queden libres de recuerdos al general golpista. Estos residuos que reconocen al bando vencedor de la Guerra Civil se eliminan de manera progresiva en medio de grandes resistencias pese a lo que prescribe la ley.
En la ciudad de San Fernando todavía queda la efigie ecuestre del general José Enrique Varela sin tener noticias sobre el momento en el que se va a proceder a su retirada. Más aún, el Ayuntamiento, gobernado por una coalición PA-PP, da largas sobre el momento y la manera en la que se cumplirá la ley para retirar el monumento que conmemora la vida de este general golpista, dos veces condecorado por la Laureada de San Fernando por su participación en la guerra de Marruecos. Varela nació en San Fernando y pasó de soldado a general por méritos en el combate así como por su participación en la masacre de marroquíes y en la Guerra Civil española. Además de otras condecoraciones consiguió el Gran Collar de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, distinción que compartió con Hitler y Mussolini.

Participó en la sanjurjada y el 18 de julio se puso a la cabeza del levantamiento golpista en la provincia de Cádiz, donde se cometieron todo tipo de atrocidades contra las autoridades leales al Gobierno y contra ciudadanos por su mera simpatía con la causa de la República, cuya memoria se rescata a duras penas. Algunos de los restos de los dirigentes republicanos de Cádiz todavía no se han encontrado. A pesar de todo hay resistencias a cumplir la ley y retirar la estatua mientras San Fernando no le ha dedicado ni un pequeño recuerdo a otro ilustre hijo suyo, el capitán republicano Fermín Galán.

Varela fue un general carlista que participó en todos los movimientos contra el Gobierno de la República y que fue nombrado por Franco ministro del Ejército. Dimitió por el atentado perpetrado por los falangistas contra una reunión requeté frente a la basílica de Begoña. Fue nombrado Alto Comisario de España en Marruecos con sede en Tetuán. Esta parte de su biografía todavía está por explicar. Las autoridades franquistas de Cádiz, en su espíritu servil, le regalaron un impresionante chalet con amplio jardín en la Avenida pagado con el dinero que se le descontó de manera obligatoria a los funcionarios municipales y a los trabajadores de astilleros. Esta mansión, que apenas disfrutó el titular, pasó a sus herederos, que gozan aún de una imponente residencia en la ciudad fruto de un arbitrario e injusto impuesto. Con la llegada de la democracia el gobierno municipal socialista quiso que el jardín del chalet pasara a ser de uso público para lo que no le quedó otro remedio que llegar a un acuerdo en virtud del cual se recalificó para vivienda libre el patio trasero de la finca.

Fruto del mismo convenio la familia Varela se comprometía a devolver el chalet a la ciudad en 15 años. Se obtuvo así un jardín público y los herederos del general golpista hicieron un importante negocio. Pasado el tiempo señalado, ya con gobierno municipal del PP, la familia Varela renegoció las condiciones del convenio y consiguió quedarse con el uso del chalet a cambio del acceso público al archivo del general, compuesto en su mayor parte por documentos oficiales. Varela gana batallas después de muerto. Por si esto fuera poco, tenemos que sufrir que los herederos del general parezcan unos filántropos que nos dejan acceder al archivo. Los familiares y seguidores de Varela se preocuparon siempre de ofrecer la imagen del general como un abnegado benefactor de la ciudad de Cádiz a la que se entregó tras la explosión de 1947, ocultando cómo obtuvieron su chalet y cómo se lucraron con importantes plusvalías fruto de los diferentes convenios firmados con el Ayuntamiento. Algunas páginas de la Guerra Civil todavía no se han cerrado.

Comunicado de TLN


COMUNICADO ENVIADO POR CECILIO GORDILLO. coordinador de TLN por CGT-A
UN AÑO DE LA LEY DE "MEMORIA HISTORICA".
......Seguiremos.

El 26 de Diciembre del año pasado se aprobó la Ley, conocida popularmente, como de la “Memoria Histórica”, durante 2008 han ocurrido hechos importantes –fundamentalmente de carácter político y jurídico- pero también social, como lo demuestra que las escasas intervenciones institucionales se hayan realizado por la presión del movimiento memorialista, más que por iniciativa propia, como lo demuestra la aportación -al poder judicial- de más de 114.000 nombres de víctimas del franquismo o de la señalización –para su eliminación- de todo lo relacionado con los monumentos y calles que publicitaban el franquismo en nuestras ciudades y pueblos.

http://www.todoslosnombres.org/ ha hecho público, durante 2008, más de 8.300 nombres de represaliados del franquismo colocando nuestro contador, en el día de hoy en 39.130, y seguiremos.

Durante este 2009 esperamos superar las disficultades en las dos provincias de las que menos datos tenemos, Córdoba y Granada. Ello será posible sí seguimos contado con vuestro apoyo, y, además, para:

Anular las sentecias de los Consejos de Guerra. Modificar la Ley de Registros Civiles. Reconocer, juridicamente, a los presos-esclavos del franquismo. Eliminar -exhumando- de nuestro territorio los enterramientos ilegales (Fosas Comunes). La devolución de los patrimonios expoliados. La construcción del Memorial Merinales. y un largo etcetera.

Cecilio Gordillo, Coordinador http://www.todoslosnombres.org/ por CGT.A

viernes, 19 de diciembre de 2008

Una imagen vale mas que mil palabras


Publicado en: http://www.foroporlamemoria.info

Autor: Luís García Bravo

Terminando el año 2008, donde ha quedado patente el estado de impunidad con respecto a las victimas del franquismo, quiero cerrar este ejerció con una frase que todos/a conocemos:

“Una imagen vale mas que mil palabras”

Espero que este foto-montaje sirva como Christmas de Navidad con el que todos los compañeros y compañeras de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, felicitemos a quienes siguen engañando y manteniendo el estado de impunidad, sin hacer cumplir las leyes internacionales y apoyando una ley de la memoria injusta, blindada para que no se pueda ni siquiera rectificar.

COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO


La Coordinadora de Víctimas del Franquismo, ante el primer aniversario de la publicación de la Ley 52/2007

El próximo 27 de diciembre se cumple un año de la publicación en el BOE de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Su entrada en vigor debía producirse el día 28 de diciembre. No obstante, el necesario desarrollo reglamentario de la ley no ha tenido lugar hasta los primeros días del mes de noviembre último.

La Ley 52/2007 se aprobó in extremis, con la legislatura del primer Gobierno Zapatero prácticamente agotada y después de un largo proceso, que se había iniciado en el verano de 2004, con la creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, presidida al más alto nivel por la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega. Parecía que por fin, treinta años después de la muerte del dictador, la sociedad española iba a afrontar la desmemoria colectiva que los golpistas de 1936 habían gravado en su alma a sangre y fuego.

Sin embargo, dos años después, en el verano de 2006, la Comisión presentó un proyecto de ley que sumió en la perplejidad a los colectivos de víctimas del Franquismo. No solo se daba la espalda al Derecho Internacional, sino que, en un reprobable ejercicio de equidistancia, se equiparaba al Gobierno legítimo de la República con una banda armada, y se equiparaba, así mismo, las sentencias emanadas de los Tribunales constitutivos del Poder Judicial de la República española, con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra de los insurgentes y con las sentencias emitidas por consejos de guerra sumarísimos, por el Tribunal de Responsabilidades Políticas o por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, todos ellos conformadores del orden jurídico establecido por el golpismo triunfante.

Ante el rechazo causado por el texto elaborado por la Comisión Interministerial, se inició un proceso de negociación con otros grupos políticos del Congreso que desembocó en la Ley 52/2007. Ésta, con un lenguaje algo más cuidadoso, presenta un articulado igualmente ajeno a los principios de Justicia, Verdad y Reparación consagrados en el Derecho Internacional de Gentes. El Estado español nos brindó un 28 de diciembre, un ejercicio de compensación a la española, una chapucilla mediante la cual ninguna persona ni institución asumiera responsabilidad alguna, pero que sirviera para dar carpetazo al molesto asunto de una memoria que pretendía ir más allá de lo puramente familiar. La responsabilidad del Estado español en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos de sus propios ciudadanos, ha quedado reducida a la expedición de un certificado de víctima. Con el agravante añadido por el Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, de que la tramitación del peculiar certificado corresponderá, si procede, a la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, departamento del Ministerio de Justicia que tiene asignada la función de preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia así como la de los títulos nobiliarios y grandezas de España. En otras palabras, que, setenta años después de que Franco y sus secuaces derribaran con violencia la legalidad vigente, el Estado democrático, que se ha negado a decretar la nulidad de los actos de represión contrarios a derecho de la dictadura, concede el perdón a sus víctimas.

Por si esto no fuera suficiente, el Estado tampoco ha querido asumir su responsabilidad en el ámbito de los desaparecidos y, por eso, ha delegado en las familias la búsqueda, localización y exhumación de las víctimas de desapariciones forzadas, escondiendo su irresponsabilidad detrás de una subvención.

Atravesando transversalmente este despropósito, distintos colectivos de víctimas del Franquismo habían presentado en diciembre de 2006 y julio de 2007, ante la Audiencia Nacional, una serie de denuncias por crímenes de lesa humanidad. Las denuncias habían recaído por turno de reparto en su Juzgado de Instrucción nº 5. Al cabo de un año sin que éste efectuara ningún acto de procedimiento, los denunciantes presentaron escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial.

En julio de 2008, seis meses después de la publicación de la Ley 52/2007 y año y medio después de presentadas las denuncias, da comienzo una puesta en escena, a cargo de un selecto cuadro de intérpretes institucionales, que ha dado al traste definitivamente con las esperanzas de obtención de justicia, en España, por parte de las víctimas del Franquismo.

El Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, sin pronunciarse sobre la admisión a trámite de las denuncias presentadas, ordena la práctica de una gran cantidad de diligencias que le iban a permitir confeccionar un primer censo de la represión franquista y dictar, en el mes de octubre, un Auto en el que se declaraba competente para llevar a cabo la instrucción.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tiene por misión, en su ámbito competencial, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y que ejerce su función conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, se opone con vehemencia a la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo, aunque sin establecer cual sería el órgano jurisdiccional competente. Y, no contenta con esto, plantea un incidente extraordinario de competencia ante la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional.

El Juez Instructor, antes de que se resuelva el incidente por la Sala, dicta un nuevo Auto en el que, a pesar de ofrecer nueva motivación para lo contrario, decide inhibirse de la competencia que había asumido un mes antes con el argumento de que Franco está muerto. Y decide también remitir las actuaciones a los Juzgados territoriales, en cuya jurisdicción existan fosas comunes sobre las que se hayan presentado informes y solicitudes de exhumación, juzgados territoriales que desde hace años vienen haciendo oídos sordos a las denuncias presentadas ante ellos, alegando falta de competencia o carencia de medios.

La Sala de lo Penal resuelve, por 14 votos frente a 3, que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar los crímenes cometidos por el Franquismo porque Franco está “premuerto”.

Franco está muerto y enterrado, pero para los familiares de los desparecidos la espera y la tortura continúa.

Con la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con la publicación de las normas de desarrollo de la Ley 52/2007, cae el telón y finaliza la representación. Los colectivos de víctimas del Franquismo volvemos a situarnos en el punto del que, a pesar de las apariencias, nunca nos hemos movido. El Poder Judicial nos niega el amparo, el Poder Legislativo nos ningunea, y el Poder Ejecutivo, ése sí, nos abre una ventanilla. Los cientos de miles de hombres y mujeres que fueron asesinados, encarcelados, depurados u obligados a vivir lejos de su patria, por una banda terrorista convertida en Estado ilegal, ya pueden solicitar su certificado de víctima ante la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos del Ministerio de Justicia del Gobierno de España.

Diciembre de 2008.
Francisca Maqueda Fernández, D.N.I. nº 28576785K (Sevilla) / movil 657858257

COORDINADORA DE COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.
Constituida por: Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación Memoria Histórica de Cataluña, Asociación Mèmoria de Mallorca, AREMEHISA (Asociación Recuperación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera), Asociación Recuperación Memoria Histórica de Aragón, Asociación Recuperación Memoria Histórica Valladolid, Confederación General del Trabajo y Forum per la Mèmoria del País Valenciá.

martes, 16 de diciembre de 2008

Fosas comunes


Publicado en: El Adelanto de Salamanca.
Autor: Severiano Delgado.

España tal vez sea el único país del mundo en el que los denunciantes de un asesinato se ven obligados a gestionar, por sus propios medios, la investigación de lo ocurrido, al margen del sistema judicial, al tiempo que son vilipendiados por una parte de la opinión pública

Lo normal cuando alguien se encuentra unos restos humanos en el campo es avisar a la Guardia Civil para que haga un atestado. Después viene el juez de guardia para el levantamiento del cadáver, a partir de lo cual se abren diligencias judiciales para averiguar lo ocurrido y en caso de que se trate de una muerte violenta, poner al autor a disposición de los tribunales.

Eso es lo normal en España, salvo que se trate del cadáver de alguien fallecido a consecuencia de la represión franquista, en cuyo caso los jueces no querrán saber nada, y además los denunciantes del hallazgo serán acusados de aventar fantasmas del pasado o de reabrir viejas heridas. España tal vez sea el único país del mundo en el que los denunciantes de un asesinato se ven obligados a gestionar, por sus propios medios, la investigación de lo ocurrido al margen del sistema judicial, al tiempo que son vilipendiados por una parte de la opinión pública.

En Salamanca, hay todavía gente enterrada en el campo que sufrió muerte alevosa en 1936 por parte de las fuerzas sublevadas contra el gobierno de entonces, constitucional y legítimo. Personas que fueron detenidas por la fuerza pública o por grupos irregulares al servicio de los militares sublevados, y de las que nunca se volvió a saber nada. Personas sacadas de la cárcel, en la que estaban detenidas a disposición de las autoridades, y cuyo rastro se perdió para siempre.

Aquí mismo, en Salamanca, hay fosas comunes de víctimas del franquismo. Algunas de esas fosas han sido abiertas a lo largo de los últimos treinta años y los restos que contenían fueron inhumados de nuevo, dignamente, pero siempre al margen de la administración de justicia.

La actuación del juez Garzón ha sido el único intento por parte de la Justicia española para dar protección jurisdiccional a las víctimas de la represión franquista. Ha recibido todo tipo de críticas, desde que lo ha hecho para salir en la tele, hasta que la ley de amnistía ha cerrado toda posibilidad de investigar lo ocurrido. Se supone, pues, que a estas alturas nos veremos obligados a desenterrar cadáveres de salmantinos mientras los jueces miran para otro lado, olvidando que una cosa es la responsabilidad penal de los autores de las muertes y otra la obligación jurisdiccional de averiguar lo sucedido.

El asunto, de una forma u otra, acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde tendremos ocasión de ver con qué argumentos se defiende el hecho de que los tribunales españoles se nieguen a investigar los miles de asesinatos y desapariciones cometidos en España como consecuencia del alzamiento franquista. Mientras tanto, una sugerencia: cuando mate usted a alguien, entiérrelo en el campo y luego diga que es un cadáver de la guerra. Con eso se garantiza que nadie investigará el asunto.

domingo, 14 de diciembre de 2008

El golpe del 36 en San Fernando


Autor: JUAN LUIS MARTÍNEZ MUÑOZ-CRUZADO (Investigador. Coordinador del equipo de Documentación, Archivo e Investigación de AMERE .
(Este artículo esta sometido a licencia copyleft).

Cádiz y San Fernando fueron las primeras ciudades de la Península en sufrir las consecuencias del intento de golpe de Estado de 1936, el cual desembocaría en la guerra civil que asolaría el país desde 1936 a 1939. Los sediciosos, en el caso de La Isla, comenzaron entonces una sistemática destrucción de todo lo que oliera a República, incluyendo el exterminio, el expolio y la depuración. Los primeros asesinatos tuvieron lugar el 21 de julio de 1936, y los libros llegan a contabilizar hasta veintiséis fusilamientos, estando datados los últimos en 1941. Todo apunta a que los, hoy por hoy, documentados sean solamente la punta del iceberg.
Cádiz y San Fernando fueron las primeras ciudades de la Península en sufrir las consecuencias del intento de golpe de Estado de 1936, el cual desembocaría en la guerra civil que asolaría el país desde 1936 a 1939.

El isleño José Enrique Varela Iglesias, que cumplía arresto militar una vez más a causa de sus reiteradas conspiraciones contra la República, es liberado el 18 de julio de su reclusión en el Castillo de Santa Catalina (Cádiz) por el gobernador militar, general López-Pinto Berizo. Acto seguido, Varela se pone al mando de las tropas alzadas y se hará con el control de la ciudad, tras asediar y rendir el Gobierno Civil. La resistencia popular fue escasa, lo que avala la afirmación de que en la provincia –y más aún como veremos, en San Fernando- no hubo guerra, sino simplemente represión. DIARIO Bahía de Cádiz

En San Fernando, Ricardo Olivera Manzorro, a quien la República le retiró la confianza pocos días antes, fue nombrado comandante militar por los insurgentes, aprestándose inmediatamente a publicar el bando de guerra y a ordenar a fuerzas de Marinería e Infantería de Marina la ocupación de los puntos estratégicos de la ciudad. Al respecto, la historiadora Alicia Domínguez Pérez, en su libro El verano que trajo un largo invierno, reseña cómo en San Fernando, “(…) los únicos que resistieron al alzamiento fueron las dotaciones de los buques Lauria y Cánovas del Castillo. El primero fue cañoneado desde tierra, provocando esto su hundimiento, y el Cánovas, bombardeado desde el aire por dos aviones, izó la bandera blanca. La dotación fue desarmada y detenida”. No tardaría mucho en iniciarse una feroz purga contra la oficialidad y la tropa que se mostró leal a la República.

El 21 de julio los golpistas locales escenifican la constitución de la nueva Corporación Local. Ocupa la presidencia el susodicho Ricardo Olivera Manzorro, a quien acompañan seis oficiales, entre ellos Ricardo de Isasi Ivisón, “al objeto de posesionarlos en los cargos para que han sido designados en este Ayuntamiento”. En su discurso, Olivera Manzorro emplea la excusa que los facciosos usaron para confundir a la ciudadanía: “El glorioso movimiento emprendido por el Ejército y la Marina de Guerra (…) tiene como principal misión instaurar en España una República honrada y digna, restablecer el principio de autoridad y volver por los fueros de la Justicia que anularon totalmente los hombres que formaron el Gobierno de ese Frente Popular (…) Me persono en funciones de Comandante Militar para hacer cargo de su Presidencia (alcaldía) al Sr. Comandante de Intendencia don Ricardo Isasi”. El discurso acaba con sendos vivas a España y a la República, aunque esta última palabra acabaría siendo tachada. El alcalde impuesto, Ricardo de Isasi, también dirige una alocución a los asistentes: “(…) Siempre dentro de la Ley, actuaré en todo momento inspirado en favor de los intereses de San Fernando (…)”, a la vez que declara su respeto “(…) a todas las autoridades”, pese a que pronto sería cómplice en el asesinato del alcalde, Cayetano Roldán Moreno, y de buena parte de los concejales democráticamente elegidos.

GENOCIDIO PERFECTAMENTE PLANIFICADO

Como explica Alicia Domínguez, los sediciosos comenzaron una sistemática destrucción de todo lo que oliera a República, incluyendo el exterminio, el expolio y la depuración. En San Fernando, los primeros en ser aprehendidos y asesinados fueron los líderes de sindicatos (CNT y UGT) y partidos de izquierda (Izquierda Republicana, PSOE y PCE), así como un buen número de militares que se mantuvieron leales a la República y también otras personas acusados de ser masones. También fue pasado por armas el pastor protestante Miguel Blanco Ferrer. Nada se dejó a la improvisación en la actividad represora. Tal como refiere José Casado Montado en Trigo Tronzado. Crónicas Silenciadas, y siguiendo las directrices del ‘cerebro’ del golpe, general Emilio Mola Vidal, en San Fernando también se practicaron homicidios selectivos y alevosos, toda vez que los facciosos, auxiliados para ello por falangistas, tenían perfectamente previsto y planificado a quiénes había que matar. Prueba del afán de exterminio que los movía lo constituye el castigo inflingido a las familias Barbacil y Roldán, a las que asesinaron todos sus miembros varones (padre y dos hijos, en el primer caso, y padre y tres hijos en el segundo).

José Casado expone que los primeros asesinatos en San Fernando tuvieron lugar el 21 de julio de 1936, y en su libro llega a contabilizar hasta veintiséis fusilamientos, estando datados los últimos en 1941. Todo apunta a que los hoy por hoy documentados sean solamente la punta del iceberg. En ‘Trigo Tronzado’ pueden leerse nombres y apellidos de 129 individuos, pero de muchos no quedó rastro alguno.

LUGARES PARA LA MEMORIA

La mayoría de estas personas pasaron antes de ser asesinadas por un encarcelamiento en condiciones infrahumanas, hacinadas y hambrientas en los calabozos del Ayuntamiento, bien en los penales de La Casería o de Cuatro Torres (en el Arsenal de la Carraca), aunque algunos fueron recluidos en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Los lugares de ejecución más comunes: la tapia del cementerio, el caño ‘La Jarcia’ (en las inmediaciones del penal de Cuatro Torres), Barrio Jarana (concretamente en el paraje de Pino Gordo) y Las Canteras (Puerto Real). En el caso de las inhumaciones realizadas en San Fernando, los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes; la única localizada hasta el momento se encuentra en el cementerio, siendo probable que el resto se encuentren diseminadas por el término municipal, sobre todo en terrenos militares, y más específicamente dentro del Arsenal de La Carraca. Hoy por hoy se ignora el número de cuerpos que alberga la gran fosa común del cementerio isleño, pero testimonios orales hablan de varios centenares.


PARA SABER MÁS:

- Actas Capitulares. Archivo Histórico Municipal de San Fernando (Cádiz)

- Domínguez Pérez, Alicia: El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo (1936-1945). Con lista de represaliados e investigados. 2 Volúmenes. Cádiz, Quorum Editores, 2004

- Casado Montado, José: Trigo tronzado. Crónicas silenciadas.Cádiz, Jiménez Mena Artes Gráficas, 1992 (Disponible en la Biblioteca Pública Municipal de San Fernando y en la Biblioteca Pública Provincial)

SOBRE LA FOTO:
La foto de la sustitución de la enseña republicana por la ‘nacional’ ha sido obtenida en internet. Desconocemos la autoría, pero posiblemente pertenezca al archivo de la familia Quijano.

jueves, 11 de diciembre de 2008

III Concentracion de familiares de victimas del franquismo


Sábado, 13/12/2008: 12 h. Plaza de la Gavidia (Sevilla).


3ª Concentración de familiares de víctimas del franquismo.


POR LA EXHUMACION DE LAS FOSAS COMUNES EN ANDALUCIA


Convoca: Coordinadora Asociaciones Memoria Histórica de Andalucía (CAMHA). (AMHyJA), DIME, AREMEHISA, AMHyJA-Almonte, Familiares de la Puebla de Cazalla, Guillena,...). Apoya: “RMHSA” de CGT.A

viernes, 5 de diciembre de 2008

AMERE pide al Bipartito que no demore más la retirada de la simbología franquista de las calles y plazas.


AMERE recuerda que hace ya casi un mes que el Ayuntamiento de San Fernando decidió aplicar “a su manera” la ley de Memoria Histórica y anunció que ya había dado órdenes a Vías y Obras para la retirada de las placas y símbolos de la dictadura y los frisos de la estatua del golpista Varela. Pero hasta ahora no ha hecho nada al respecto. Sin embargo, señalan desde AMERE “sí que se apresuró a preparar la Iglesia Mayor para recibir a la Vicepresidenta del Gobierno y a preparar la instalación de las luces de Navidad, derroche sin igual para un ayuntamiento con graves problemas financieros”.
Desde AMERE dicen seguir preguntándose por qué razón el bipartito PA-PP mantiene un monumento Varela, colaborador de Franco en el golpe de estado del 36, cuando hasta en la patria chica del dictador, El Ferrol, han decidido retirarle todos los honores esta misma semana y su estatua ya hace bastante tiempo. La asociación memorialista cree que el auténtico motivo es el temor a la pérdida de votos de la derecha más rancia de nuestra ciudad y mucho más ahora que tiene de socio de gobierno al PP, partido que en el ayuntamiento de El Ferrol se abstenía en la retirada de los honores a los golpistas, al igual que hicieron hace poco en El Puerto y que representa a esa derecha que se niega a condenar la dictadura alegando que todo esto sólo sirve para abrir viejas heridas.
Pero en modo alguno –explica AMERE- es abrir viejas heridas darle sepultura a los propios muertos, pues es un derecho que tienen todas las víctimas de la represión enterrar a sus padres y madres, abuelos y abuelas, hermanos y hermanas as que yacen desconocidos en cunetas y fosas comunes por todo nuestro país. En San Fernando, donde la represión fue especialmente virulenta, existe una fosa común en el cementerio en la que ni tan siquiera existe un monolito decente que aluda a quienes y por qué están enterrados allí un elevado número de personas. Según testimonios orales también existen enterramientos indignos en la población militar de San Carlos, aunque de momento sólo se cuente con conjeturas acerca de su ubicación.
“Todas las instituciones están obligadas a aplicar la ley, les guste o no y cuando, como en este caso, una institución como el Ayuntamiento de San Fernando no lo hace, demuestra no solamente su escaso talante democrático sino su poca sensibilidad para con las personas que defendieron la legalidad y los valores constitucionales, valores que por otra parte pretende homenajear en 2010 manteniendo en nuestra principal plaza a quién más luchó contra ellos, lo que demuestra la falta de coherencia de este gobierno municipal”, critican desde la asociación para la recuperación de la memoria histórica en San Fernando.
Por último AMERE espera que desde el gobierno municipal sepan explicar a los representantes iberoamericanos que vendrán a nuestra ciudad los valores constitucionales y democráticos de un señor que colaboró activamente en la implantación de un régimen que exterminó a todo el que pensaba diferente, y por esa colaboración se le levantó el monumento “que ofenderá y prostituirá todos los actos del 2010”.

jueves, 4 de diciembre de 2008

Manifiesto de Pueblos y Ciudadanos del Estado español por una Memoria Histórica Democrática y Antifascista


Manifiesto
(02-12-2006)
Las organizaciones de diferentes puntos del estado español reunidas en Madrid el día 2 de Diciembre de 2006 para acordar una posición clara, firme y unitaria ante la llamada “Ley de Memoria Histórica” presentada por el Ejecutivo español, manifestamos lo siguiente:

1.- El derecho a la Verdad, a la Justicia y la Reparación es innegociable. El Proyecto de Ley presentado por el Gobierno Español no contempla estas exigencias vulnerando así la Legislación Internacional de Derechos Humanos y de Lucha contra la Impunidad, así como las propias leyes penales vigentes en el Estado español, que han permitido el inicio del procesamiento del dictador Pinochet y el juicio y condena por la justicia española del torturador argentino Silingo, constituyéndose en un nuevo ataque a los derechos de las victimas del golpe de estado del 18 de julio de 1936 y del régimen franquista. Por tanto, exigimos la retirada y una nueva redacción del Proyecto de Ley, de acuerdo con verdaderos principios de Justicia y de acuerdo a la legalidad internacional, exigiendo también que ese nuevo proyecto de Ley se realice de forma abierta, participativa y democrática, contando con la opinión y la participación de las victimas del franquismo representadas por sus diferentes asociaciones y poniendo por tanto las formulas adecuadas para ello.

2.- Entendemos que el papel de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como asesores del movimiento articulado en torno a la denominada “recuperación de la Memoria Histórica” es de gran ayuda. En este sentido reiteramos nuestra aceptación como instrumento de trabajo de los documentos elaborados por el Equipo Nizkor y Amnistía Internacional hasta la fecha respecto a las víctimas del franquismo.

3.- Apoyamos, sin que suponga entregar un cheque en blanco por ello, la enmienda a la totalidad presentada por ERC, con matizaciones y aportaciones que habría que añadir, entendiendo que es al día de hoy el documento que más se acerca a las reivindicaciones de las organizaciones que luchamos por una Memoria Histórica Democrática y Antifascista.

4.- La recuperación de la Memoria Histórica Democrática y Antifascista es un tema de interés social para los ciudadanos y Pueblos del Estado español y un valioso elemento pedagógico para la consolidación de la cultura democrática en nuestra sociedad, y si en estos momentos es parte sustancial de la agenda política y de la atención social, se debe al trabajo, a la acción reivindicativa y a la capacidad de propuesta de las organizaciones de represaliados, familiares, asociaciones de recuperación de lo que genéricamente se denomina como “Memoria Histórica” y de Derechos Humanos. Por todo ello manifestamos nuestra firme voluntad de continuar con nuestro trabajo teniendo en la incidencia en la base de la sociedad y en la acción reivindicativa los instrumentos más claros para conseguir nuestros objetivos, por lo que nos constituimos como “Mesa Estatal de Lucha por la Memoria”, animando a todas las organizaciones y personas que coincidan con este manifiesto que firmamos, a unirse a la misma.

martes, 2 de diciembre de 2008

Los colectivos de la memoria toman el relevo de Garzón

(Cádiz Información-02-12-08)

Las asociaciones gaditanas se plantean acudir ahora a los juzgados de Cádiz

El movimiento gaditano en pos de la recuperación de la memoria histórica recogerá el testigo de Baltasar Garzón en la causa sobre las desapariciones de la Guerra Civil y la represión del franquismo. Los colectivos que trabajan desde hace años en este ámbito han asumido de distinta forma la inhibición del juez de la Audiencia Nacional del caso. Pero, al margen de este intento fallido, tienen claro su propósito de continuar el proceso judicial.

Ni siquiera el hecho de que Cádiz no figure en el listado de juzgados decanos y territoriales a los que el magistrado ha remitido la investigación inquieta a la Asociación por la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA). Su responsable en la provincia, Carlos Perales, considera normal esta ausencia pues, según explica, la relación publicada se corresponde con aquellos lugares donde las asociaciones presentaron sus respectivas denuncias hasta que en 2006 Garzón las incluyó dentro del procedimiento que ahora ha quedado en stanbay.
“Nosotros mandamos información y realizamos un borrador, aunque nunca llegamos a formalizar una demanda concreta”, indica el coordinador de AMHyJA, quien advierte, sin embargo, que “ello no impide que la interpongamos en el futuro”. Es más, Perales reconoce abiertamente que su organización estudia en la actualidad la posibilidad de adoptar esta medida, en coordinación con el resto de entidades implicadas en la reparación de las víctimas del alzamiento militar de 1936 y la dictadura que le sucedió.

ENCUENTRO CLAVE

De este modo, AMHyJA pretende convocar en los próximos días a las asociaciones memorialistas, no sólo de la capital sino de toda la provincia, para abordar este asunto. Según su portavoz, esta reunión servirá para conocer de primera mano quiénes están dispuestos a embarcarse en esta empresa, amén de comenzar a sentar las bases para acometer las acciones legales anunciadas.
Y es que, a diferencia de otros colectivos, el que dirige Carlos Perales en Cádiz no parece excesivamente preocupado por la negativa de la Audiencia Nacional a juzgar los crímenes fascistas, en base a una presunta falta de competencias. Y si bien admite que “nos hubiera gustado centralizar todas las denuncias en una sola instancia”, entiende que el camino iniciado no tiene vuelta atrás. “Esto ya no se puede parar”, apostilla convencido.
De momento, la iniciativa de AMHyJA cuenta con el respaldo de la Asociación por la Memoria Histórica de Cádiz, cuyo presidente, Rafael Fuertes, confirmó ayer a este periódico su intención de apoyar la idea de acudir a los tribunales de Cádiz. Un paso que, en su opinión, debería haberse dado mucho antes, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”.

CEMABASA SEGUIRÁ REALIZANDO EL LISTADO DE LOS FUSILADOS

El Ayuntamiento no paralizará el informe encargado a Cemabasa sobre las fosas comunes del antiguo cementerio de San José.
La Corporación municipal acordó en el Pleno de octubre, por unanimidad y a instancias de IU, la realización de este trabajo para sacar a la luz los nombres de todos los asesinados en Cádiz a partir del 19 de julio de 1936 y enviar posteriormente este listado a la Audiencia Nacional.
La propuesta se aprobó al calor de las diligencias previas abiertas por Baltasar Garzón. Pero su renuncia a continuar investigando el paradero de los desaparecidos no ha llevado al Consistorio a replantearse el proyecto. “Cemabasa terminará lo que ha empezado”, sostuvo ayer el concejal de Cementerio, Santiago Posada, aunque no precisó cuándo estará lista esta tarea.
Así, el edil popular restó importancia al cambio de escenario producido y agregó que el documento se empleará ahora, principalmente, “para facilitar la localización de los restos de aquellas personas reclamadas por sus familiares”.
Igualmente, Posada aseguró que, una vez concluido, el informe se hará público y se pondrá a disposición de “las instituciones que lo soliciten”.

PIDEN MÁS AGILIDAD

Por su parte, el portavoz de IU, Sebastián Terrada, aplaudió ayer la decisión del Gobierno local de seguir adelante con esta iniciativa. Con todo, pidió un poco más de agilidad en la recopilación de los datos e instó al Consistorio a presentarlos directamente ante el juzgado competente.

La Iglesia y la represión franquista


El Arzobispo de Burgos con el criminal de guerra Juan Yagüe

La jerarquía loa a sus mártires y exige que se olvide a los que fueron asesinados con su bendición

Julián Casanova.
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
(El País, 27-11-2008)

La tragedia de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco se ha convertido en las últimas semanas en el eje de un debate social, político y judicial. Con ese recuerdo, ha revivido de nuevo ante nosotros el pasado más oculto y reprimido. Algunos se enteran ahora con estupor de acontecimientos que los historiadores ya habían documentado. Otros, casi siempre los que menos saben o a los que más incomodidad les produce esos relatos, dicen estar cansados de tanta historia y memoria de guerra y dictadura. Es un pasado que vuelve con diferentes significados, lo actualizan los herederos de las víctimas y de sus verdugos. Y como opinar es libre y la ignorancia no ocupa lugar, muchos han acudido a las deformaciones para hacer frente a la barbarie que se despliega ante sus ojos.

La jerarquía loa a sus mártires y exige que se olvide a los que fueron asesinados con su bendición

En realidad, por mucho que se quiera culpabilizar a la República o repartir crueldades de la Guerra Civil, el conflicto entre las diferentes memorias, representaciones y olvidos no viene de ahí, de los violentos años treinta, un mito explicativo que puede desmontarse, sino de la trivialización que se hace de la dictadura de Franco, uno de los regímenes más criminales y a la vez más bendecidos que ha conocido la historia del siglo XX.

Lo que hizo la Iglesia católica en ese pasado y lo que dice sobre él en el presente refleja perfectamente esa tensión entre la historia y el falseamiento de los hechos. "La sangre de los mártires es el mejor antídoto contra la anemia de la fe", declaró hace apenas un mes Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, en el fragor del debate sobre las diligencias abiertas por el juez Garzón acerca de la represión franquista. "A veces es necesario saber olvidar", afirma ahora Antonio María Rouco. Es decir, a la Iglesia católica le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante la República y la Guerra Civil, pero si se trata de informar e investigar sobre los otros muertos, sobre la otra violencia, aquella que el clero no dudó en bendecir y legitimar, entonces se están abriendo "viejas heridas" y ya se sabe quiénes son los responsables.

Franco y la Iglesia ganaron juntos la guerra y juntos gestionaron la paz, una paz a su gusto, con las fuerzas represivas del Estado dando fuerte a los cautivos y desarmados rojos, mientras los obispos y clérigos supervisaban los valores morales y educaban a las masas en los principios del dogma católico. Hubo en esos largos años tragedia y comedia. La tragedia de decenas de miles de españoles fusilados, presos, humillados. Y la comedia del clero paseando a Franco bajo palio y dejando para la posteridad un rosario interminable de loas y adhesiones incondicionales a su dictadura.

Lo que hemos documentado varios historiadores en los últimos años va más allá del análisis del intercambio de favores y beneficios entre la Iglesia y la dictadura de Franco y prueba la implicación de la Iglesia católica -jerarquía, clero y católicos de a pie- en la violencia de los vencedores sobre los vencidos. Ahí estuvieron siempre en primera línea, en los años más duros y sangrientos, hasta que las cosas comenzaron a cambiar en la década de los sesenta, para proporcionar el cuerpo doctrinal y legitimador a la masacre, para ayudar a la gente a llevar mejor las penas, para controlar la educación, para perpetuar la miseria de todos esos pobres rojos y ateos que se habían atrevido a desafiar el orden social y abandonar la religión.
La maquinaria legal represiva franquista, activada con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Causa General de abril de 1940, convirtió a los curas en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos, en colaboradores del aparato judicial. Con sus informes, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvían la vida cotidiana de la sociedad española.

La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, tortura y muerte en las cárceles franquistas. Los capellanes de prisiones, un cuerpo que había sido disuelto por la República y reestablecido por Franco, impusieron la moral católica, obediencia y sumisión a los condenados a muerte o a largos años de reclusión. Fueron poderosos dentro y fuera de las cárceles. El poder que les daba la ley, la sotana y la capacidad de decidir, con criterios religiosos, quiénes debían purgar sus pecados y vivir de rodillas.

Todas esas historias, las de los asesinados y desaparecidos, las de las mujeres presas, las de sus niños arrebatados antes de ser fusiladas, robados o ingresados bajo tutela en centros de asistencia y escuelas religiosas, reaparecen ahora con los autos del juez Garzón, después de haber sido descubiertas e investigadas desde hace años por historiadores y periodistas. Quienes las sufrieron merecen una reparación y la sociedad democrática española debe enfrentarse a ese pasado, como han hecho en otros países. La Iglesia podría ponerse al frente de esa exigencia de reparación y de justicia retributiva. Si no, las voces del pasado siempre le recordarán su papel de verdugo. Aunque ella sólo quiera recordar a sus mártires.



lunes, 1 de diciembre de 2008

Justicia comienza a entregar, en un mes, los certificados a las víctimas de Franco.


Publicado en El País-Madrid-27/11/08

Ya se han presentado 168 solicitudes - Desde hoy se pueden tramitar por Internet.

El Gobierno entregará antes de un mes las primeras declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las cuales, según establece la Ley de Memoria Histórica, tienen derecho los represaliados del franquismo. El Ministerio de Justicia ha recibido hasta ahora 168 solicitudes. Para facilitar los trámites, Justicia abrió el martes en su página web (www.mjusticia.es) un enlace a través del cual los interesados pueden tramitar sus peticiones.
El artículo 4 de la Ley de Memoria contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa" a obtener la declaración. Ésta consiste en un título, expedido por el Ministerio de Justicia, que no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través del enlace habilitado en la página web del ministerio, los interesados pueden realizar su solicitud de forma telemática. Para ello deberán acreditar su identidad a través de un certificado digital o por medio del DNI electrónico. En la página web están disponibles los documentos de solicitud.
El interesado deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición y la documentación acreditativa de los hechos. Entre esta última pueden figurar, entre otras, resoluciones de consejos de guerra, del Tribunal de Honor, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal de Orden Público. Toda la documentación debe ser enviada al Registro General del Ministerio de Justicia.
La declaración puede ser solicitada por los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, por sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y demás parientes colaterales hasta segundo grado, así como por las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
También se encuentra disponible en la página web de Justicia la solicitud de nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, que podrá ser tramitada a partir del 28 de diciembre. La web permite descargar el impreso para que los miembros de las Brigadas Internacionales soliciten la nacionalidad española y establece el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles.

Requisitos para obtener la declaración
- Beneficiarios. La declaración de reparación y reconocimiento personal se entrega a quienes sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la dictadura.
- Solicitantes. Los directamente afectados