Seguidores

martes, 27 de enero de 2009

“Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958)”



De Pura Sánchez

En los años de la guerra civil y del franquismo las mujeres andaluzas sufrieron la dureza de la represión de un modo peculiar, no sólo como consecuencia de los abusos a que eran sometidas -Queipo de Llano ya había avisado que «dar patadas y berrear» no las iba a salvar de la violación- sino porque se las quería castigar por haber pretendido emanciparse de la función subordinada a que las condenaba su condición; algo que resultaba aun más grave cuando se trataba de mujeres del pueblo, de individuas de dudosa moral. Pura Sánchez ha reconstruido este clima de acoso y estas prácticas represivas a través de los expedientes de los tribunales militares, completados con otros documentos y con testimonios vividos.
De su trabajo surge una multitud de historias individuales de humillación y sufrimiento, a la vez que el panorama de una sociedad en que las mujeres habías de acomodarse a la subordinación y la dependencia.

Pura Sánchez Sánchez (Benalúa, Granada) es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, y actualmente profesora en el IES Velázquez de Sevilla.

miércoles, 21 de enero de 2009

CAMPAÑA PARA MODIFICAR LA LEY DE REGISTROS CIVILES




CAMPAÑA PUBLICA PARA MODIFICAR LA LEY DE REGISTROS CIVILES.



Con el título de ¡¡TODAS LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO A LOS REGISTROS CIVILES!!, las entidades; Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” de CGT.A (RMHSA), la Asociación para la Recuperación de la memoria Histórica de Extremadura (ARMH-EX), la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), la Asociación para la Recuperación de la memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (ARMEHISA) y Dignidad y Memoria de Marchena (DIME).

Constará de un Manifiesto donde se solicitará el apoyo de entidades, organizaciones y personas, para continuar pidiendo entrevistas a diputados y senadores provinciales para explicarles los motivos de esta propuesta y animarles a que presenten en las Cortes las modificaciones siguientes:

1º Facultar a los Ayuntamientos para inscribir en el Registro Civil a todos aquellos vecinos censados en la población, en los momentos de su muerte, y que no tengan familiares que pudieran hacerlo, así como a aquellos funcionarios, empleados o cargos políticos de la Corporación Municipal.

2º Facilitar a las familias la inscripción en los Registros Civiles de las víctimas del franquismo, previa la presentación de documentación oficial (Sentencias Consejos de Guerra, fichas carcelarias, etc.), disponiendo para ello de asesoramiento jurídico gratuito.

3º Agilizar la inscripción “de oficio” por parte de los Juzgados pertinentes cuando exista, y tengan conocimiento, de documentación oficial de la época que así lo demuestre.

El Manifiesto expone que la situación actual a la que se tiene que enfrentar las familias que ahora –treinta y tres años, un mes y 34 días después de la muerte del dictador- intentan inscribir a un/a fusilado en el Registro Civil.

MANIFIESTO:
¡¡Tráigame dos testigos presenciales!! Con esta frase suele contestar un alto porcentaje de juzgados a las solicitudes de inscripción de víctimas (desaparecidos y fusilados) del franquismo por parte de los únicos que legalmente pueden hacerlo, los familiares. Ello provoca múltiples viajes al lugar de nacimiento o vecindad de la víctima, los recursos a la negativa de inscripción, los interminables plazos en las respuestas, etc., y en definitiva la demora en solucionar un viejo problema (“los de la guerra”) no resuelto pese a la restitución democrática con todos sus derechos y valores. ¿Por qué se produce esta kafkiana situación? Está constatado que a los pocos días del golpe de estado se dictaron órdenes precisas para que no se inscribieran en los Registros Civiles a los fusilados con la clara intención de dejar el menor rastro posible del genocidio que estaban cometiendo. En noviembre de 1936, coincidiendo con el declive de la represión realizada al amparo del “bando de guerra”, se publicó un Decreto por el que, como simples desaparecidos a consecuencia de la guerra, miles de personas pudieron "legalizar" la muerte de sus familiares desde finales de 1936 hasta la desaparición de la dictadura. En el mejor de los casos, aceptando “falsear” la causa de la muerte, a cambio de recibir una pensión de viudedad o evitar realizar “la mili” sus hijos mayores, siendo frecuente las siguientes: "En choque con fuerza armada", "A consecuencia del bando de guerra" o simplemente "A consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional". No fue hasta 1978 cuando el Gobierno de la UCD aprobó una Ley de Pensiones de Guerra -por supuesto sin mencionar en ningún momento las razones de tal hecho, que no eran otras que el abandono absoluto en que el franquismo dejó a sus víctimas-, para lo cual había que demostrar la desaparición del familiar por el que se quería cobrar la pensión. O sea que la prueba recaía sobre la familia de la víctima y no sobre el Estado responsable de aquellos hechos, que era realmente quien contaba con la información. Esto tuvo, al menos, la consecuencia positiva de poner al descubierto la lamentable situación existente, ya que al recaer la tramitación de los expedientes sobre los ayuntamientos estos se vieron en la obligación de reunir los documentos exigidos, que no eran otros que los que pedía el engorroso decreto de 1936 antes mencionado. O sea, que el decreto franquista, hecho por necesidades burocráticas y para evitar una avalancha de inscripciones, seguía vigente. Fue entonces, y con este motivo, cuando se vieron las dificultades que seguía acarreando el empeño: muchas personas no lograron localizar el acta de defunción exigido para el cobro de la pensión, en unos casos porque no existía y en otros porque no había modo de encontrarlo, ya que podía haber sido realizado en algún momento indeterminado de los años 40, 50... Así pues estas personas, entre otros requisitos, fueron obligadas a inscribir a sus deudos a través de un “expediente de inscripción fuera de plazo o diferido”, para el cual les fue exigida la declaración de dos personas que dieran fe del hecho. Y esto, que podría haberse encomendado perfectamente a los Ayuntamientos o incluso a la Guardia Civil y a la Policía, se convirtió en un quebradero de cabeza para los familiares por dos razones: por la dificultad objetiva, dada su naturaleza, de localizar a dichas personas a más de cuatro décadas de los hechos (pensemos lo que debió suponer en los años cuarenta) y porque puso en manos de los responsables de los Juzgados de 1ª Instancia un instrumento fácil para rechazar, congelar o invalidar los expedientes. Así, al daño causado en su momento, se añadió la humillación de unos procedimientos legales ideados para que las personas asesinadas no pudiesen adquirir ni siquiera la condición de víctimas. Todo quedó pues en manos de un personal judicial que, en general y salvo excepciones, era muy poco o nada consciente del delicado material humano que allí se estaba manejando. Ahora se trata de poner fin a esta lamentable situación. El uso del Registro Civil, como fuente documental, es esencial en cualquier proceso de investigación de la represión, para así poder cuantificarla, pero también para poder ponerles nombre a las víctimas. El proceso de Recuperación de la Memoria Histórica impulsada por la sociedad civil ya ha puesto de relieve la falsedad de los datos que han sustentado la interesada equiparación de víctimas de la guerra (“muertos y barbaridades hubo en los dos bandos”). Pero todavía, setenta y dos años después de la masacre y treinta de las primeras elecciones democráticas, ningún Gobierno ha favorecido la modificación de la Ley que regula la inscripción en dichos Registros Civiles, pese a que todos los Grupos Parlamentarios conocen esta situación por diferentes iniciativas impulsadas por las asociaciones memorialistas.

Podeis enviad firma de adhesión, indicando: Nombre y apellidos; Profesión; DNI;dirección;Fecha y lugar a dimemarchena@yahoo.es

sábado, 17 de enero de 2009

El Foro por la Memoria de Córdoba pide más papel del Estado


El Foro por la Memoria ha iniciado una campaña de recogida de firmas ante los recientes acontecimientos en torno a la recuperación de la memoria histórica y el desarrollo de la Ley.

El 27 de junio el juez Baltasar Garzón abrió la vía judicial a nivel nacional para la identificación, exhumación y reparación de las víctimas del franquismo que aún siguen oficialmente desaparecidas. Tras el recurso de la fiscalía del Estado, el propio Garzón se declaró incompetente, devolviendo a los juzgados territoriales las competencias legales para resolver las demandas de familiares o asociaciones.
Este contradictorio proceso judicial ha reavivado el debate social sobre la memoria de la guerra y la dictadura.
Por todo esto el Foro por la Memoria de Córdoba ha elaborado un manifiesto acompañado de recogida de firmas para denunciar, entre otras cosas, que “la vía judicial no puede sustituir la responsabilidad del Estado como garante de los derechos humanos fundamentales”, ya que este debate, según el Foro, ha generado cierto grado de desorientación en la opinión pública.
El Foro cree que el papel del Estado debe ser principal en este tema y para ello exige también la creación de una Fiscalía para la Memoria Histórica que coordine y dirija en nombre del Estado en todo el territorio español la búsqueda de desaparecidos.
“Las asociaciones y los Foros por la Memoria Histórica no pueden ni deben sustituir el papel público del Estado en este complejo proceso”, dice en su comunicado el Foro, al igual que “la recuperación material y la rehabilitación moral y legal de las víctimas del franquismo no puede trasladarse a la iniciativa privada de las familias, ni quedar en mano de los jueces territoriales.”
Exigen que se conozcan los hechos de la Guerra Civil y la posterior represión franquista, así como condena el "genocidio" aplicado de una parte hacia otra en la dictadura, por lo que la democracia "no puede seguir tolerando la existencia de miles de víctimas de la dictadura enterradas en fosas sin nombre.”

Manifiesto

1. La vía judicial no puede sustituir la responsabilidad del Estado como garante de los derechos humanos fundamentales, en este caso, el derecho de los desaparecidos a ser identificados, entregados a sus familiares y reconocidos públicamente con toda la dignidad que se merecen. Una democracia que merezca tal nombre no puede seguir tolerando la existencia de miles de víctimas de la dictadura enterradas en fosas sin nombre. 2. Urge por tanto la creación de una Fiscalía para la Memoria Histórica que coordine y dirija en nombre del Estado en todo el territorio español la búsqueda de desaparecidos, con todas las garantías jurídicas y técnicas que sean necesarias. La recuperación material y la rehabilitación moral y legal de las víctimas del franquismo no puede trasladarse a la iniciativa privada de las familias, ni quedar en mano de los jueces territoriales. Por el contrario se trata de un deber público, que afecta a la misma esencia del régimen democrático y en consecuencia debe ser asumida por el poder político. 3. Las heridas que la dictadura infringió al pueblo español seguirán abiertas hasta que el régimen constitucional del 78 no asuma este reto histórico, que por otra parte resulta indispensable para el propio enraizamiento del sistema democrático. Para perdonar y olvidar hay que conocer primero lo que ocurrió durante y sobre todo después de la guerra civil. Sólo con el desvelamiento pleno de la violencia sobre la que asentó la dictadura franquista –otorgándole el carácter de genocidio que realmente tuvo- podrá cerrase esta trágica página de la reciente historia de España. 4. Las asociaciones y los Foros por la Memoria Histórica no pueden ni deben sustituir el papel público del Estado en este complejo proceso, pero sí impulsarlo y apoyarlo como parte de una potente red social que facilite a familiares e interesados el acceso a registros y fuentes documentales, el cumplimiento de trámites administrativos, asesoramiento técnico y jurídico, etc. Para ello exigimos ala administración central y autonómica la adecuada dotación presupuestaria así como el apoyo político y de carácter profesional que se requiera.

Adhesión al manifiesto del Foro por la Memoria de Córdoba

El Foro por la Memoria de Córdoba invita a la ciudadanía a adherirse al presente manifiesto a través del e-mail enviando nombre, apellidos y DNI a la dirección: foromemoriacordoba@hotmail.com

jueves, 8 de enero de 2009

Carta abierta a todas las asociaciones memorialistas, de víctimas del franquismo, y de derechos humanos


Estimados/as compañeros/as:

En nuestra última asamblea tomamos la resolución de iniciar movilizaciones para reivindicar Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo, así como enviar una carta a todos los colectivos y personas, no sólo vinculados al movimiento por la memoria, sino también a todos aquellos y aquellas personas, colectivos, asociaciones, movimientos, sindicatos, partidos y entidades que quieran sumarse a esta lucha por la Justicia.

Os adjuntamos la carta que deseamos leáis con atención. Asimismo, os agradeceríamos que la hicierais circular.

Esperamos vuestras opiniones y propuestas.

Un fraternal saludo
Federación Estatal de Foros por la Memoria

Estimados compañeros/as y amigos/as Los días 6, 7 y 8 de diciembre, nuestra Federación ha celebrado una Asamblea de Foros por la Memoria en Leganés (Madrid). Entre los acuerdos está el de realizar concentraciones frente a los máximos órganos judiciales de cada ámbito allá donde sea posible, el próximo día 1 de Febrero (domingo). Entendemos que después de la inhibición del juez Garzón, así como los Autos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, es el momento de salir a la calle para hacer evidente nuestra presencia y nuestras reivindicaciones como organizaciones de memoria histórica, de derechos humanos y de víctimas del franquismo. Los acontecimientos que se han venido desarrollando desde el verano han culminado con la constatación de la absoluta indefensión de las víctimas del franquismo, y de que la problemática de las víctimas republicanas de la guerra civil y de la dictadura sigue siendo tratada como una excepción inexplicable, al margen de los derechos humanos y del derecho penal internacional. No podemos abandonarnos al desánimo, al conformismo y a la resignación. Si hoy echamos una mirada al pasado más cercano (unos pocos años) constatamos el inmenso avance de nuestras posiciones, plasmado en presencia mediática, en resoluciones judiciales, en avances legislativos, en declaraciones públicas desde los más diferentes ámbitos nacionales e internacionales. Gracias a una labor titánica del movimiento social por la recuperación de la memoria, con el apoyo comprometido de personalidades del mundo de la cultura y profesionales de diversas disciplinas, hemos conseguido (mérito de todas y todos) poner el tema de los derechos y de la recuperación de la memoria de las víctimas republicanas y de la dictadura, en el centro del debate social, político, periodístico y jurídico. Y sin embargo no podemos negar que la respuesta final recibida, tanto desde el plano político como del judicial no es, hoy por hoy, más que otro intento de poner límites a nuestro derecho a la justicia. En este momento es fundamental (quizás más que nunca) salir a la luz pública para hacer patente nuestro desacuerdo con el actual estado de cosas, y demostrar que todo lo que hemos podido conseguir en estos años no sólo no es suficiente sino que no es tan siquiera el mínimo aceptable, porque el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas del franquismo y de toda la sociedad, es irrenunciable. Os proponemos que el día 1 de febrero nos concentremos ante los máximos órganos judiciales de cada ámbito donde sea posible (la sede del Tribunal Supremo en Madrid, los Tribunales Superiores de las CC.AA., las Audiencias Provinciales…), con las fotos de nuestros familiares y de otras víctimas del franquismo, bajo el único lema “Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo”. Asimismo podrían redactarse y hacerse públicos comunicados y manifiestos consensuados, para ser leídos por compañeros/as del mundo de la cultura. Proponemos la fecha del 1º de febrero para partir de algo concreto, pero entendemos que las organizaciones realmente presentes en cada ámbito tienen la opción de definir las formas de la movilización, y si éstas pueden ampliarse o prolongarse en el tiempo. Creemos que todos podemos y tenemos que poner de nuestra parte para que la movilización sea lo más unitaria posible, huyendo de protagonismos inútiles y haciendo gala de la misma generosidad, solidaridad y espíritu unitario del que nos reclamamos herederos y herederas. Asimismo, nos sumaremos a cuantas iniciativas y movilizaciones reivindicativas en esta misma línea, que sean propuestas. A la espera de vuestras opiniones e iniciativas se despide, con un fuerte abrazo solidario,
José María Pedreño
Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria