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miércoles, 22 de septiembre de 2010

El Gobierno rechaza la petición de la ONU que lo insta a investigar las desapariciones en el franquismo


El PSOE sigue dando la espalda al movimiento memorialista y republicano

Aura Ribeiro - Tercera Información

España se sometió el pasado mes de mayo al Examen Periódico Universal, análisis efectuado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Después de este examen el consejo hizo al gobierno español 137 recomendaciones, de las cuales 98 han sido aceptadas.

Entre las rechazadas se encuentran las recomendaciones que piden al gobierno español eliminar la detención incomunicada en su lucha contra el terrorismo y la que se refiere a investigar las desapariciones ocurridas durante la dictadura del general Franco.

Durante el gobierno del PSOE se aprobó una Ley de Memoria Histórica que no sentó nada bien al movimiento memorialista y republicano español porque no anulaba la justicia franquista, por lo que no se reconocía ni siquiera la condición de víctimas a los desaparecidos por el franquismo. Los juicios sumarísimos no fueron deslegitimados por la nueva ley.

Además la ley no hacía que el estado asumiese su responsabilidad de investigar esas desapariciones, por lo que son los propios familiares los que tienen que asumir esa búsqueda.

Han pasado muchos meses desde que la Ley de Memoria Histórica ha sido aprobada y los símbolos franquistas siguen rindiendo honores a los golpistas que dieron un sangriento golpe de estado al legal y legítimo gobierno del Frente Popular, durante la II República en el año 1936.
Ese golpe devino en una guerra civil que terminó siendo una dictadura de corte nacional-católica de larga duración.

España ha sido muy criticada también por la persecución a la que se ha sometido al Juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Ninguno de los dos partidos mayoritarios - Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP) presionaron ni salieron a la calle para defender al magistrado español. Sólo organizaciones de izquierdas como Izquierda Unida (IU), Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), Izquierda Republicana (IR) o el Foro por la Memoria mostraron su solidaridad con Garzón.

El PSOE prometió durante su campaña electoral una Ley de Memoria Histórica que satisficiese al movimiento memorialista español, pero al igual que otras promesas como la de avanzar hacia estado laico, el pleno empleo o el aumento de los impuestos a las rentas más altas, no se ha cumplido.

jueves, 16 de septiembre de 2010

PSOE y PP impiden que se revisen las sentencias franquistas


Porque no son las "preocupaciones" de la inmensa mayoría de los españoles

Fuente: larepublica.es

Una nueva alianza PP - PSOE ha tumbado una moción de ERC en la que reclamaba al Gobierno que llevase a cabo las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo por sí mismo o bien a través de la Fiscalía pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo.

Dichas sentencias fueron declaradas ilegítimas por la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007 pero la iniciativa de ERC sólo recibió el apoyo de los nacionalistas e Izquierda Unida de izquierda. El texto planteado por Esquerra a raíz de la interpelación que el diputado Joan Tardà dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se centraba en la figura del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplirán 70 años el próximo 15 de octubre.

Caamaño se afanó en dejar claro que la petición de anulación de juicios es un "imposible jurídico" porque la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas. "La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos", explicó Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos judiciales.


Precisamente, lo que pedía ERC en la moción era modificar un total de cuatro leyes, incluida la de memoria histórica, para, entre otras cosas, habilitar un procedimiento administrativo que faculte al Consejo de Ministros a expedir los correspondientes certificados de nulidad con efectos legales, de manera que todas las sentencias políticas queden oficialmente anuladas.

En paralelo, los republicanos reclamaban incorporar entre los requisitos habilitantes para proceder a la revisión de una sentencia firme la declaración de ilegitimidad contenida en la Ley de Memoria. También abogaban por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Gobierno por sí mismo o a través de la Fiscalía tuviera la legitimidad de interponer un recurso de revisión de las sentencias declaradas ilegítimas.

Durante el debate, el diputado de ERC Joan Tardà recriminó al PSOE su negativa a dar más pasos en favor de la revisión de estos juicios y avisó de que los jóvenes socialistas "jóvenes quizá algún día maldecirán" a sus dirigentes por no haber sido "lo suficientemente valientes" en esta materia.

Desde el Grupo Socialista, el catalán Daniel Fernández incidió en los argumentos esgrimidos por Caamaño reiterando que la Ley de Memoria ya declara ilegítimas todas esas sentencias y los tribunales que las dictaron y que la Fiscalía hizo lo propio respecto a la relativa a Companys.
El diputado del PP por Barcelona Jorge Fernández Díaz, justificó su voto en contra recalcando que el Tribunal Constitucional y el Supremo Supremo ya se han pronunciado "con mucha claridad" ante estas reivindicaciones de ERC, que no son las "preocupaciones" de la inmensa mayoría de los españoles. Tras recordar los juicios "no precisamente benévolos" que el presidente de la República Manuel Azaña hizo sobre Companys y que el president de la Generalitat fue condenado por un tribunal republicano en 1935 a 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión, reprochó a ERC que nunca haya pedido la nulidad de esa sentencia.
En nombre de CiU, Jordi Xuclà, reconoció valor a la declaración de ilegitimidad la ley y de la Fiscalía, pero avisó de que los certificados de nulidad emitidos por el poder judicial son una nueva "laguna". Por eso, su formación ha registrado una proposición no de ley que persigue que "el fiscal pueda dar instrucciones para expedir a instancias de parte estos certificados de nulidad".

Desde el PNV el diputado Aitor Esteban dio su apoyo a la reivindicación de los republicanos catalanes y animó al Gobierno a buscar una vía que posibilite la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas para acabar definitivamente con esta polémica y dar satisfacción a las víctimas que así lo solicitan.