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sábado, 28 de abril de 2012

Sospechas sobre las hermanas de la Caridad del Hospital militar de San Carlos


"¿Dónde está mi hijo, qué hicieron con él?"

Artículo de Rosa Romero en: www.diariodecadiz.es

Una mujer que tuvo un bebé en 1969 en el Hospital San Carlos de La Isla descubrió hace dos años que no figura enterrado en el camposanto de la localidad • Es la primera denuncia contra ese hospital


Abandona el edificio de la Audiencia Provincial desesperada. Acaba de estar en la Fiscalía, para saber por qué no tiene aún noticias de su caso. En enero, le comunicaron desde los Juzgados de Cádiz que se inhibían en favor de los de San Fernando. Pero ha preguntado allí y no saben nada del caso. Pretendía que en Fiscalía le aclararan el galimatías, el por qué su denuncia, que interpuso allí, y desde donde fue enviada a instancias judiciales, parece ahora no estar en ningún lado. De nuevo, se topa con el vacío, con esa insistente nada que parece perseguirla desde hace dos años.

Porque en 2010, Carmen, una mujer de San Fernando que dio a luz en 1969 en el antiguo Hospital de Defensa de San Carlos un bebé, que, según le comunicaron, falleció al día siguiente, se topó por primera vez con el vacío. Con la nada. Tras muchos años residiendo en Cartagena, a donde había sido destinado su marido, militar ya fallecido, decidió ir al cementerio a visitar los restos de su hijo. "Aquí no hay nadie enterrado con ese nombre", le dijeron. Y de pronto, el mundo se le vino abajo. Ella, que durante años había creído que su hijo había muerto, como le habían dicho, que durante años lloró a ese primogénito que nació un poco antes de tiempo, a los ocho meses, con 2,5 kilogramos de peso, recordó. Y cayó en la cuenta de que nunca, ni ella ni nadie de su familia, llegaron a ver su cuerpo.

"¿Dónde está mi hijo, qué hicieron con él, qué han hecho con él", se cuestiona una y otra vez mientras charla con este periódico, ayer por la mañana, tomando un café a las puertas de la Audiencia. Tiene perfectamente grabada en su memoria la mañana en la que una de las religiosas de las hermanas de la Caridad, que trabajaban en el Hospital isleño de la Marina, le preguntó cómo iba a llamar al niño. "Fernando", le dijo ella. Como su marido. Y la monja, "Sor María se llamaba", que ya ha fallecido, "cogió un poco de agua de mi vaso y le hizo la señal de la cruz al niño, y se lo llevó". Un cuarto de hora después, al ver que no volvía, ella la llamó. Y Sor María le dijo que su hijo había muerto. Así, sin más, sin ninguna otra explicación. Ella lo había tenido el día anterior, y aunque algo bajo de peso, "estaba bien y era muy hermoso". Como al día siguiente había empezado a "llorisquear", Carmen, primeriza, avisó a la monja, porque no sabía qué podía ser. Después, llegó la señal de la cruz con el agua de su vaso y la ausencia. La nada y el vacío otra vez.

El matrimonio se mudó a Cartagena. Con el tiempo, Carmen ha tenido cuatro hijos más. Primero, dos niños, al primero de los cuales le llamó Fernando, y una niña, que murió. Pero ésta "de verdad". Porque el parto se complicó, ella pudo tener a la niña muerta en sus brazos, y la enterró ella misma en Cartagena. Y un cuarto hijo, Juan, que nació con sólo siete meses y medio, y que tiró adelante sin problemas.

Tras certificarle por escrito que su primer Fernando no estaba enterrado en el cementerio, contactó con responsables del actual hospital (el antiguo se derribó) para pedir su historial. Porque ella, como muchas otras madres, se fue del centro sin que le dieran ningún papel. Y le dijeron que no había nada, que esos papeles se habían destruido. Fue a hablar con un jefe del servicio, que le dijo: "Olvídalo. Han pasado muchos años. Yo también enterré a mi hijo". Y ella le contestó: "Y yo enterré a una hija en Cartagena, que sé que está allí. Pero a éste no y no sé dónde está". Y no lo ha dejado porque en su caso, como en otros muchos, se encargaron otros del enterramiento. Aparecieron en la habitación del hospital dos hombres trajeados que les dijeron a ella y a su marido que no se preocuparan, que ellos se encargaban de inhumarlo en La Isla.

Hace dos años, descubrió que no fue así. Y al final, como no lo ha dejado, consiguió que le enviaran un folio, en el que figura que ella tuvo un hijo, en 1969, en San Carlos, en el que pone "parto prematuro, muere a las 20 horas, hemorragia cerebral, cardiopatía congénita". Nada de eso le habían dicho a ella. Sólo un frío y simple "el niño ha muerto" que pronunció Sor María.

En Fiscalía, tras denunciar el caso, abrieron diligencias. Se ordenó a la Policía que investigara y que citaran a la religiosa como testigo. La monja había fallecido, el tiempo para investigar se agotaba, y el fiscal, al apreciar indicios de delito, envió su denuncia a los Juzgados de Cádiz. Y de allí, quién sabe a dónde. Porque su procurador ha preguntado en los Juzgados isleños, donde debieran haber llegado las diligencias, y le han dicho que no hay nada. La nada de nuevo.
Aunque también el principio, el primer caso de denuncia contra este hospital que sale a la luz. Quién sabe si, como ha ocurrido con Zamacola, vendrán muchos más.

miércoles, 18 de abril de 2012

Una prueba “falsa” provocó el archivo de un caso clave de robo de bebés

Fuente: Periodismo Humano

Un análisis independiente revela que los restos de hígado aportados por un médico a la Policía, y corroborados por el Instituto de Toxicología, no pertenecen en realidad a un recién nacido.

Los afectados piden al Juzgado la reapertura de la causa y la imputación de 15 personas presuntamente responsables de la sustracción de la niña en 1990.

Fue el primer caso de robo de bebés denunciado en España, y va camino de convertirse también en el más controvertido. La presunta sustracción de una niña de tres días en Granada en 1990, inicialmente dada por muerta, fue archivada por la jueza el pasado mes de noviembre en base a unos restos de hígado aportados por un médico a la Policía, y que el Instituto Nacional de Toxicología corroboró que pertenecían a la hija supuestamente fallecida de Eduardo Raya y Gloria Rodríguez. Sin embargo, un análisis anatómico independiente ha revelado que “no se trata de un hígado fetal o de recién nacido de muy pocos días”, poniendo así en entredicho una investigación ya cuestionada con anterioridad por otros exámenes genéticos. Ante la “falsedad absoluta” de la prueba, los afectados han pedido al Juzgado la reapertura de la causa y la imputación de 15 personas.

Es el penúltimo sobresalto de un drama que Eduardo y Gloria llevan ya viviendo más de veinte años. Entre las 1.500 denuncias presentadas en nuestro país por el robo masivo de bebés a partir de 1940, este caso de Granada es clave por varias razones. Fue pionero como denuncia particular (marzo de 2010) y, por su verosimilitud, fue muy pronto asumido por la Fiscalía. Los hechos ocurrieron en época muy reciente, en junio de 1990, y por tanto sus presuntos responsables están vivos. Además el cadáver, al haber sido exhumado por los familiares antes de iniciar la batalla judicial, acumula ya dos exámenes genéticos que negaron que ese cuerpo perteneciera a una hija del matrimonio. Luego la niña, tras haber sido dada supuestamente en adopción ilegal, podría seguir viva.

Sin embargo, las esperanzas de encontrarla y de que pagaran los culpables dieron al traste a finales del pasado año. La causa oficial del fallecimiento del bebé fue hepatitis, para lo cual se le practicó la correspondiente biopsia. La Policía Judicial se puso en contacto el pasado año con el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, donde, según cita el informe policial, se encontraron “casualmente” con el mismo médico que tomó las muestras de la menor en 1990. Los agentes le preguntaron por “la posibilidad de que quedasen depositados en algún lugar restos orgánicos” del bebé, y tras buscarlos se hallaron en el mismo hospital doce muestras de hígado y “tejido epitetial” de la recién nacida correctamente conservados, de los cuales se podría obtener el perfil genético.

Los padres no fueron informados en su día de que se hubieran tomado estas muestras. Por eso, en abril de 2011 Eduardo Raya presentó alegaciones en el Juzgado cuestionando la “milagrosa aparición” de estas muestras en “excelente estado de conservación” y denunciando que ese tejido epitetial se habría obtenido en todo caso de forma irregular, sin la correspondiente autorización de los padres ni la adecuada cadena de custodia. No obstante, los restos fueron enviados al Instituto Nacional de Toxicología, que en el mismo mes de abril dictaminó que Eduardo y Gloria eran los “padres biológicos de la recién nacida de la que proceden las muestras clínicas analizadas” con un índice de probabilidad del 99,99%. En base a ello, la jueza decretó en noviembre el archivo de la diligencias. Pero lo hizo de forma “provisional”, permitiendo así la reapertura en caso de que aparecieran nuevas evidencias. Como así está sucediendo.

Receloso de las conclusiones del Instituto de Toxicología, Eduardo Raya recuperó todo el material y los envió al laboratorio Tecnogen, quienes a su vez lo sometieron al examen de un experto externo “de reconocido prestigio internacional” de forma completamente anónima, a fin de asegurar la imparcialidad de su dictamen. Tras analizar las doce muestras, su conclusión fue que no resulta posible determinar la edad exacta del paciente en base al tejido y “únicamente puede afirmarse que no se trata de un hígado fetal o de recién nacido de muy pocos días”. Por tanto, no podría pertenecer a la hija de Eduardo y Gloria.

Por ello, el pasado 11 de abril, mediante escrito remitido al Juzgado de Instrucción número dos de Granada, los afectados solicitan la reapertura del caso y la continuación de la investigación, citando a declarar 15 personas en calidad de imputados y otras 14 como testigos. Según esta nueva denuncia, “no queda el menor género de duda” sobre que los restos encontrados no sólo “no pertenecen a una hija de los denunciantes”, sino que además “no pertenecen a ningún recién nacido de pocos días, lo que evidencia una falsedad absoluta por parte de quien los aporta” que ha llevado a la jueza a “valorar erróneamente la prueba”. “Pero resulta aún de mayor gravedad el hecho de que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses informe sobre que dichos restos pertenecen a una hija de los denunciantes”, se afirma.

No es la primera vez que los análisis de laboratorios privados chocan con las conclusiones del Instituto de Toxicología en este caso. Al asumir la denuncia, la Fiscalía de Granada aportó como pruebas los análisis de ADN realizados por los laboratorios Tecnogen y Genómica en 2009, en los que se concluye que los “restos exhumados no pertenecen a una hija biológica de Gloria Rodríguez”. Sin embargo, en su examen de 2010, Toxicología concluye que estos restos (tres muestras de cabellos, una mancha sobre tela, hilos quirúrgicos y restos óseos) “no son adecuados para realizar un análisis genético”.

“Qué casualidad que encuentran ADN hasta de la época de los mamuts y no de mi hija”, exclama indignado Eduardo. Otro motivo de sospecha que se expresa en la denuncia es que Toxicología advierte que los restos no son adecuados para su análisis genético en su informe de 8 de junio, “mes y medio antes de que dicho Instituto recibiese las muestras”. A juicio de los denunciantes, ello “evidencia que el resultado ya estaba predeterminado por dicho organismo”.

“Toxicología deberá explicarnos ahora cómo unos restos hepáticos que no son de un recién nacido dicen que son de nuestra hija. También nos tendrán que decir por qué no logran obtener ADN de donde los laboratorios sí lo han conseguido. Y por último nos deben aclarar cómo emitieron informe el 8 de junio si no recibieron las muestras hasta mes y medio después. Demasiadas contradicciones”, resume Raya, quien asegura haber recibido ya en su despacho de abogado otras dos consultas de afectados por posible robo de bebés a quienes Toxicología también les contradice los análisis realizados por laboratorios privados.

Por otra parte, esta nueva denuncia aporta otros elementos para la investigación. Eduardo sospecha que, tras el parto, les dieron el “cambiazo” y la niña a la que le dejaron ver, gravemente enferma y con un corte en la mejilla cerrado con puntos de sutura, no era ya su hija, sino que pertenecía a otra madre a la que también le comunicaron su fallecimiento. Así, el escrito al Juzgado cita conversaciones mantenidas con el cirujano y el ayudante que practicaron la cesárea a Gloria, “los cuales confirmaron expresamente que a lo largo de su carrera profesional jamás habían dado un corte a un recién nacido en la mejilla”, y menos aún que haya necesitado sutura. Por eso, Eduardo y Gloria han hecho público un llamamiento a todas las familias y madres que alumbraran un bebé entre el 6 y el 9 de junio de 1990 en el Hospital Clínico de Granada y vieran que su recién nacido tenía una cicatriz en la cara, para que contacten con ellos en el teléfono 605891455.

En su escrito al Juzgado los denunciantes piden además que se efectúen registros en los hospitales granadinos para conseguir el historial clínico completo del embarazo y el parto, y que además se libren oficios al Obispado de Granada, a la Capellanía del Hospital Clínico y a cuatro iglesias de la capital granadina a fin de identificar todos los nacimientos bautizados de urgencia en 1990. Esto último porque, según los denunciantes, antes de la supuesta muerte del bebé, el hospital se negó a bautizarla arguyendo que “ya lo estaba”.

Tan sólo en la provincia de Granada se han denunciado 60 casos de supuesto bebés robados, la mayoría durante el franquismo y los años ochenta, y se han autorizado dos exhumaciones de cadáveres cuyos restos también se han declarado como inadecuados para análisis de ADN por parte del Instituto de Toxicología. De esta forma, ante la falta de pruebas, más de la mitad de las denuncias han sido ya archivadas. La fiscal jefe de Granada, Ana Tárrago, rechazó el pasado viernes las acusaciones vertidas por algunos de los afectados de falta de sensibilidad, asegurando que los “perjudicados y denunciantes me merecen todo el respeto” y “desde el principio los hemos atendido con mucho interés por su problemática humana”. Pero, a su juicio, “las investigaciones de la Policía no han podido concluir que en Granada existiera una trama organizada relacionada con la sustracción de niños o que algún centro sanitario o una persona en concreto apareciese relacionada siempre en estos casos”.

Sin embargo, los documentos a los que ha tenido acceso Periodismo Humano apuntan en otra dirección. El 6 de junio de 1990 Eduardo y Gloria acudían al Hospital Clínico de Granada por unas “leves molestias” y pérdida de líquido, tras un proceso de gestación de 38 semanas “absolutamente normal”, según consta en su denuncia primigenia en el Juzgado. En dicho documento la madre relata cómo una enfermera “me rompió la bolsa diciendo que esto ya está” y le advirtieron que existía “sufrimiento fetal”, a pesar de lo cual no le practicaron inmediatamente la cesárea. Cuando Eduardo preguntó el motivo se tal retraso se le comunicó que estaban esperando a que llegara el ginecólogo de iniciales A.F.M.P. Este mismo médico fue condenado en 1993 por la Audiencia de Granada a un año de prisión, suspensión de empleo y multa de 100.000 pesetas por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregularidad en la que intervino en 1989, según detalla la sentencia a la que tuvo acceso este medio. Se trataba de una menor de Murcia que había quedado embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a los la había sometido su padre. El ginecólogo, enterado de ello, convenció a la joven de que no abortara, sino que tuviera el hijo y lo entregara a un matrimonio de Alicante, también condenados en esta causa.

Ellos se hicieron cargo de “los gastos del embarazo y parto”, pero al nacer el niño los tres acusados decidieron inscribirlo en el Registro Civil como hijo propio, y no como adoptado, ocultando así su procedencia. En este caso no hubo sin embargo sustracción del niño mediante engaño ni pago por su adopción, más allá de esos “gastos de embarazo”. Por derivación de esta causa, la Fiscalía de Granada abrió en 1992 diligencias previas por posible compraventa de recién nacidos entre las provincias de Granada, Barcelona y Alicante, en al menos cuatro casos, pero las investigaciones no prosperaron. Eduardo y Gloria creen que ellos sí que fueron víctimas de esa supuesta red de tráfico de niños.

Hasta ahora, las investigaciones judiciales sobre el robo de bebés en nuestro país sólo han conseguido la imputación de la religiosa madrileña Sor María Gómez Valbuena, que al ser octogenaria difícilmente entrará ya en prisión, aún en el caso de ser condenada. Las asociaciones de afectados sospechan que las razones profundas de tantos obstáculos en la vía judicial sean la responsabilidad patrimonial a la que tendría que hacer frente el Estado en caso de demostrarse las adopciones ilegales en centros públicos y el hecho de que muchas personas implicadas tengan relación “incluso de parentesco” con altos cargos de gobiernos y partidos políticos.
Las estimaciones de las asociaciones de afectados y la investigación judicial realizada en su día por Baltasar Garzón apuntan a la sustracción, por represión política o por motivación económica, de decenas de miles de bebés en nuestro país entre 1940 y 1990. Por eso, Eduardo Raya considera que la imprescriptibilidad del delito no se debe sólo a que la detención ilegal tenga carácter permanente, sino que además se pueden considerar “delitos de lesa humanidad”, tipificado en el artículo 607 bis de nuestro Código Penal. Y ello porque “se ha producido un ataque sistemático y generalizado contra parte de la población civil (los recién nacidos y sus madres) negando la existencia de tal detección” o con “tortura grave sobre las personas que se encuentran bajo su control”.

“Qué más control que una embarazada anestesiada, qué mayor sufrimiento físico que hacerte una cesárea innecesaria, qué mayor sufrimiento psíquico que decirte que tu hija está muy malita, que se va a morir, se muere, te hacen pasar por un entierro, y ahora esto. Esto es inhumano, y aún teniendo hijos, nadie se imagina el sufrimiento que estamos pasando cuantos somos afectados por esta causa”, concluye Raya.

viernes, 13 de abril de 2012

Vidas robadas


La monja acusada del robo de bebés se niega a declarar ante el juez.

Sor María Gómez Valbuena se ha negado a hablar ante el juez por su supuesta implicación en un caso de niños robados y, por tanto, permanece imputada por el delito de detención ilegal por el que había sido llamada a comparecer. El juez Adolfo Carretero ha citado a declarar en calidad de testigos a los padres adoptivos de la supuesta niña robada. La monja es la primera acusada directamente tras 1.500 denuncias interpuestas en fiscalías de toda España por madres que creen que les robaron a sus hijos tras el parto.

Gómez Valbuena, con el hábito de las Hijas de la Caridad, ha acudido poco después de las ocho de la mañana al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid acompañada por otra religiosa de la congregación y una hora y media antes de la citación. Pretendía -y lo consiguió a la entrada- esquivar a la multitud de medios de comunicación que la esperaban, entre ellos muchos extranjeros. Tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez, salió escoltada por varios policías municipales por una puerta lateral, la del juzgado de guardia, pero entonces no pudo evitar a los medios de comunicación.

Tampoco a otras madres que la acusan de robarle a sus bebés y que en cuanto la vieron empezaron a gritarle: "¡Sinvergüenza!","¡Queremos verte la cara!" mientras sor María se subía a un Mercedes Benz todoterreno negro con los cristales tintados para abandonar las dependencias judiciales.

Afectados por el robo de niños han pasado la noche frente al colegio de las Hermanas de la Caridad donde vive la monja imputada con lazos amarillos y carteles con sus peticiones
La monja, de 80 años, ha contratado los servicios de José María Calero Martínez, abogado de los padres de la menor asesinada Marta del Castillo. También la fiscalía de Madrid la citó a declarar como imputada, y también en aquella ocasión la monja se negó a hablar. Decenas de madres que buscan a sus hijos y que han visto sus casos archivados en las fiscalías por falta de pruebas tenían todas las esperanzas depositadas en que esta vez sor María iba a contar al juez lo que hizo y lo que sabe.

El caso por el que el juez ha citado como imputada a esta monja es el de María Luisa Torres, que dio a luz en 1982 en la clínica de Santa Cristina de Madrid a una niña, Pilar, que asegura le arrebató sor María bajo la amenaza de quitarle también a su otra hija "por adúltera", según la denuncia. Gracias a la ayuda del padre adoptivo de Pilar, madre e hija pudieron reencontrarse el año pasado, 29 años después del parto. La semana pasada ambas declararon ante el mismo juez que hoy ha tratado de interrogar a sor María. "Si no lo paga aquí, lo pagará arriba", afirmó Pilar refiriéndose a la religiosa, antes de entrar al juzgado. "Merece el mayor de los castigos", añadió su madre.

miércoles, 4 de abril de 2012

Sigue adelante la denuncia contra la monja acusada del robo de bebés


María Luisa Torres ratificó ayer su denuncia contra la monja sor María Gómez Valbuena, ya imputada en el caso de los niños robados, acusada ahora de un delito de detención ilegal. Esta es la primera querella que sale adelante contra la religiosa a la que decenas de familias acusan por robo de bebés entre 1960 y 1980.

Publicado por María José Esteso Poves /http://www.diagonalperiodico.net

En las próximas semanas el juez Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, llamará a declarar a la monja sor María Gómez Valbuena por el caso del robo de niños. Tras la declaración ayer de María Luisa Torres ante este juzgado, en la que esta madre ratificó su denuncia contra la monja Gómez Valbuena que le robó a su hija en 1982, la religiosa tendrá que explicar los hechos al juez.

Esta es la primera denuncia aceptada ante un juzgado y que continúa abierta contra la monja, ya imputada en el caso de los bebés robados, y que ahora suma otro delito, el de detención ilegal en el caso de la hija robada a María Luisa Torres.

Durante la mañana de ayer también declaró la hija de María Luisa, Pilar, que encontró a su madre biológica hace sólo 6 meses, cuando cumplió 29 años, y que comunicó al juez Adolfo Carretero, que siempre le habían dicho que su madre la abondonó "y se dedicaba a la mala vida", según la versión que Gómez Valbuena dió a los padres adoptivos. Sin embargo, fue precisamente el padre adoptivo de la niña robada el que ayudó a buscar a la madre biólógica.

La religiosa será llamada a declarar por este juzgado de Madrid en unas semanas, según apunto el abogado de Torres, Guillermo Peña

Un caso de 1982

María Luisa acudió a la monja sor María Gómez Valbuena para solicitar ayuda en 1982. Entonces estaba embarazada y además tenía otra niña pequeña y se acaba de separar. La religiosa engañó a la embarazada, le dijo que le ayudaría a conseguir guarderías y ayudas para su hija. Tras el parto la monja le robó a la recién nacida e incluso le dijo que le quitaba a la hija "por adúltera", porque la madre estaba separada y se había quedado embarazada, según relató ayer Maria Luisa Torres ante el juez. Horas después del parto, la monja entregó a la pequeña a unos padres adoptivos con los que ha crecido la niña.

Esta denuncia ha creado una gran expectación ya que la monja sor María Gómez Valbuena está acusada por muchas de las familias que han denunciado el presunto robo de sus hijos. La religiosa estuvo durante más de 30 años como asistente social en la maternidad de Santa Cristina, en O’Donnell. Allí recibía a matrimonios que querían adoptar niños. Por otro lado, la monja regentaba centros de acogida para embarazadas a las que trataba de convencer para que entregaran a sus bebés, e incluso, engañaba a las madres diciéndoles, tras el parto, que sus hijos habían muerto. No sólo es acusada en decenas de casos de bebés robados en Santa Cristina, también en la Clínica San Ramón de Madrid, que estuvo funcionando hasta 1982.

La religiosa que cuenta con más de 80 años pertenece a la orden de las Hermanas de la Caridad, orden en la que aparecen acusadas más religiosas por desaparición de bebés en otros puntos del Estado español, según las denuncias.

El caso de la María Luisa Torres y su hija Pilar puede abrir camino en los tribunales a otros casos similares, nuevas denuncias, y que se revisen otras tantas archivadas que implican a la monja y al ginecólogo Eduardo Vela Vela con quien la religiosa organizaba el robo de bebés, además de otros médicos que aún viven e incluso siguen en activo.